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La Unión Sindical Obrera quiere transmitir a la sociedad española la necesidad de que no tolere la utilización del dinero de todos para salvar bancos, la necesidad de que los saneamientos del sistema financiero se hagan con total transparencia, que se depuren responsabilidades políticas y que los tribunales actúen, caso de existir sospechas de ilícitos penales. La USO alerta de que la velocidad con la que se están desarrollando los acontecimientos en el sector financiero, está impidiendo que los más elementales principios democráticos presidan todo el proceso y se nos está hurtando, utilizando la emergencia como coartada, la necesaria información para que los ciudadanos nos enfrentemos al problema. Nos están imponiendo soluciones, al socaire de la crítica situación a la que nos enfrentamos, por culpa de políticos y gestores financieros que dicen representar la ortodoxia del sistema económico vigente.

La USO considera que la situación producida por la nacionalización de Bankia, debe resolverse con total transparencia por parte del Gobierno que se hace cargo de la entidad, así como, de exigir las oportunas responsabilidades a los gestores de las entidades que dieron lugar a Bankia. Transparencia que tiene que materializarse en que sepamos por qué necesita 19.000 millones adicionales, y en cómo se van a devolver. No se pueden plantear capitalizaciones de una entidad a fondo perdido, y los ciudadanos no debemos pagar de nuestro ya maltrecho bolsillo los errores y componendas de unos gestores que han llevado a esta situación de insolvencia a esta entidad, que apareció como una de las grandes de nuestro sistema financiero.

Los primeros que tienen que asumir responsabilidades son los gestores de las entidades que dieron lugar a Bankia, los cuales no pueden recibir un solo euro por su nefasta gestión, además de exigirles, si fuese el caso, las responsabilidades patrimoniales a las que hubiese lugar. Si Bankia tiene problemas, no parece que sus gestores los tengan.

La depuración de responsabilidades también debe producirse en el ámbito político, mediante la oportuna investigación, toda vez que es dinero público (de todos los ciudadanos) el que se va a utilizar para sanear la entidad.

Y por último y no necesariamente en este orden, deben plantearse responsabilidades por la vía judicial, con la intervención de la Fiscalía, para dirimir si hay o no delito, y muy especialmente para velar por los intereses de aquellos que han visto mermar su patrimonio como consecuencia de la adquisición de preferentes sin una información veraz del producto financiero que estaban adquiriendo.

El gobierno debe decirnos que va a pasar con los 15.000 millones de euros que la Administración General de Estado tiene avalados al BFA (matriz de Bankia) cuyo primer plazo de vencimiento de 3000 millones, llegará en febrero de 2015 y el resto en 2017.

Mañana la Comisión Europea presentará sus propuestas sobre cómo liquidar las entidades sistémicas con problemas (aquellas que en caso de quiebra, pondrían en riesgo la estabilidad del sistema financiero) de forma que sean los accionistas y acreedores, y no los contribuyentes, los que paguen en el futuro en caso de quiebra de un banco.

Desde la USO creemos que esto es lo que debería pasar con Bankia, o con cualquier otra entidad financiera. En ningún caso debemos ser lo contribuyentes los que las rescatemos, como no rescatamos a una empresa industrial o de servicios.

La USO considera necesario tener un sistema financiero saneado, que haga posible que el crédito fluya hacia las Pymes y familias. Por ello considera positiva la creación de una unión bancaria europea que debería permitir a las entidades financieras solicitar ayuda directamente al fondo europeo de rescate, es decir al nuevo Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) que empezará a ser operativo a partir del próximo 1 de julio y que debería poder ser utilizado para una recapitalización directa de las entidades de crédito. Esto debería servir para apagar el incendio financiero desatado en nuestro país por el llamado caso Bankia, u otros que puedan aflorar y no reproducir en España lo acontecido en Irlanda, dónde la caída de varias entidades de crédito concluyo con la intervención del país.