(ver/descargar PDF)

En los últimos cuatro años, desde el comienzo de esta profunda crisis económica, financiera, social y ambiental, los Empleados Públicos han sufrido una espiral creciente de recortes. En este último año, dichos recortes han alcanzado niveles alarmantes que afectan ya directamente a la calidad de los Servicios Públicos que prestamos a la ciudadanía y por ende a su calidad de vida y a sus derechos. Nuestro país, que disfrutó en las pasadas décadas de un sistema de garantías sociales denominado Estado del Bienestar en cuyo marco alcanzábamos niveles ejemplares de calidad en los Servicios Públicos, se ve sometido hoy con el pretexto de la necesaria disminución del gasto público a unos recortes sin precedentes y a un ataque indiscriminado a los derechos de los Empleados Públicos, que tiene como consecuencia directa una reducción de la diversidad, la calidad y la cantidad de los servicios públicos. Esta situación nos está haciendo retroceder a las condiciones sociales de hace décadas que nadie pensó volver a recordar.

El conflicto entre los Gobiernos -tanto el Central, como los Autonómicos y Locales- y las Empleadas y Empleados Públicos, que son su imagen ante la ciudadanía, es ya un conflicto de todos y todas. Todos los Sectores Públicos padecen, en mayor o menor medida, disminución de personal y por tanto de la calidad de su prestación. El acceso a los Servicios Públicos más basicos comienza a ser previo pago, lo que supone gravar económicamente a los ciudadanos en asuntos tan esenciales y universales como la Sanidad, la Educación, la Justicia y los Servicios Sociales.

Como símbolo tangible del desmantelamiento de estos servicios esenciales, las Empleadas y Empleados Públicos estamos viendo recortadas nuestras condiciones retributivas y laborales en una proporción que raya la injusticia. Además, vemos cómo se cierra la oferta de empleo en nuestros sectores. Para justificar el maltrato a los derechos adquiridos por este amplio colectivo profesional, los políticos desprecian a la función misma que se presta. Así estamos viendo que los “Empleados Públicos” se han convertido en un ente desvalorizado, al que se critica sin fundamento y sin consecuencias. Incluso se miente sin pudor al presentar cifras desorbitadas sobre sueldos y condiciones laborales que en esencia son falsas y están manipuladas, trasladando al colectivo de Empleados Públicos en su conjunto las características y prebendas que corresponden a esa población flotante de nóminas públicas nombradas a dedo, como excrecencias de la política, que constituyen, ellas sí, uno de los más graves problemas de España.

La ciudadanía, sin embargo, sí distingue la realidad. Sabe que los Empleados Públicos no son una panda de “vagos” como en muchas ocasiones los definen algunos medios de comunicación y sectores privados con intereses en el desmantelamiento de los Servicios Públicos, sino que está formado por un amplio conjunto de profesionales bien capacitados y dedicados en cuerpo y alma a su trabajo, como son el personal docente que garantiza el derecho a la educación; los profesionales sanitarios que garantizan el derecho a la salud; los y las profesionales que garantizan unos servicios sociales necesarios y dignos, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que garantizan el derecho a andar tranquilos por la calle; el cuerpo de Correos que garantiza la comunicación; los bomberos que garantizan la asistencia ante los riesgos; los agentes forestales y otros profesionales que velan por la protección de nuestro medio ambiente, los miembros de la administración de Justicia que garantizan ese derecho fundamental, y en general los Empleados de la Administración General del Estado, de las Autonomías, de los Ayuntamientos, y de tantas y tantas otras Empresas Públicas y actividades, muchas de las cuales pasan inadvertidas, que hacen que nuestra vida, sea un poco mejor... En pocas palabras, los servidores públicos que garantizan a todos los derechos de todos.

Los ciudadanos saben que el recorte en las condiciones retributivas y laborales de los Empleados Públicos simboliza y anticipa el recorte de las prestaciones y servicios a los que tienen derecho. Por eso, desde esta Plataforma, que se suma a la jornada reivindicativa organizada por la Cumbre Social del 10 de marzo, animamos a todos los Empleados Públicos a mostrar de manera decidida su rechazo a los recortes de derechos y condiciones laborales, entre ellos la pérdida de la Paga Extraordinaria de Navidad y los días de devengo. Esta medida va mucho más allá de un impacto inmediato en las nóminas; anuncia el empobrecimiento para las clases medias, que puede traer la configuración social posterior a la crisis.

También animamos a todos los ciudadanos y ciudadanas que son los verdaderos usuarios de los Servicios Públicos, a secundar las movilizaciones que planteamos en defensa de los mismos. En defensa, en suma, de la propia sociedad.